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Informe sobre el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo: medidas económicas extraordinarias como consecuencia del COVID-19

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Marco jurídico de desarrollo

El martes 17 de marzo comparecía el Presidente de gobierno ante la sociedad para
explicar las medidas económicas extraordinarias aprobadas en el consejo de ministros
celebrado durante la mañana para paliar los efectos económicos que el COVID-19 está
teniendo sobre la economía. De esta forma, se aprobó y publicó en el B.O.E el Real
Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19
( en adelante el Real Decreto).
Es un Real Decreto Ley extenso que requiere de una lectura detallada al contener
numerosas referencias a las leyes de aplicación de las medidas que en el mismo se
contienen. NO obstante lo anterior, sus 43 artículos, junto con las disposiciones
adicionales ( nueve en total ) sus disposiciones transitorias ( 3) y sus disposiciones finales
(10), se estructuran sobre cuatro capítulos que fueron los que se siguieron en la
comparecencia del Presidente del Gobierno

Capítulo I: Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos
vulnerables
Capítulo II: Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de
actividades para evitar despidos
Capítulo III: Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las
dificultades transitorias consecuencia de la situación.
Capítulo IV: Medidas de apoyo a la investigación del COVID 19
Capítulo V: Otras medidas de flexibilización

Durante estos días realizaremos un análisis de lo establecido en todos los capítulos del
real decreto, pero hoy nos focalizamos en las principales novedades incluidas en el
capítulo II, al incluir éste todos los mecanismos de los que disponen actualmente las
empresas en orden a flexibilizar las relaciones laborales en este contexto tan complejo
(artículos 22 a 28 ambos inclusive).

Capítulo II: Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste
temporal de actividades para evitar despidos

 

Con el fin de iniciar el análisis de este capítulo del Real Decreto lo primero que hay que

reseñar es la vigencia de las medidas que en el mismo se contienen. Esta vigencia,

establecida en el artículo 28, se establece mientras se mantenga la situación

extraordinaria derivada del Covid-19.

En la disposición final novena y décima encontramos que las medidas incluidas en este

Real Decreto entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el B.O.E, es decir el

mismo día 17, y mantendrán su vigencia durante un periodo de un mes desde su entrada

en vigor (disposicion adicional décima) sin perjuicio de que fuera prorrogado por el

gobierno mediante la correspondiente prórroga dictada por un real decreto ley. Este

extremo no se aplica a aquellas medidas que tengan su propia duración establecida en

el cuerpo del real decreto.

Especialmente importante y a tener en consideración, es lo establecido en la disposición

adicional sexta y es que se obliga a la empresa a mantener un compromiso de empleo

durante un plazo de seis meses desde la fecha de la reanudación de actividad, si se

acogen a las medidas extraordinarias incluidas en este Real Decreto. Esta disposición

adicional sexta tiene un título muy significativo, el de la salvaguarda del empleo. No

obstante, veremos cómo en la práctica las empresas van a salir beneficiadas o

perjudicadas en este sentido ya que nos imaginamos, por ejemplo, la siguiente situación:

La empresa xxx se acoge a las medidas extraordinarias incluidas en el Covid
19 mientras dura la situación. Una vez reanudada su actividad se le hace
imposible la continuidad de la misma y se ve abocada a su cierre total de
forma inmediata. En este caso, ¿ estará obligada la empresa a reembolsar
a la Seguridad Social las cuotas no pagadas ? ¿ Se iniciarán actividades
inspectoras para verificar esta situación ? ¿ Se dotarán de medios
adicionales a la Inspección en este sentido??

Sin duda, las medidas extraordinarias requieren siempre de acciones cuyos efectos son
imprevisibles y más teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos.

Listaremos, a efectos de hacer más sencilla la lectura del presente informe las principales medidas recogidas en este Capítulo II del Real Decreto para dedicarle a cada una de ellas el análisis que requieren:
a) Medidas relativas a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa mayor y medidas relacionadas con la cotización en relación con dichos procedimientos (artículo 22 y 24 del Real Decreto).
b) Medidas relacionadas con los procedimientos de suspensión y reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción ( artículo 23).
c) Medidas en materia de protección por desempleo (artículo 25).
En primer lugar y antes de entrar en el análisis de lo establecido en estas medidas incluidas en este Real Decreto, huelga decir que el actual Estatuto de los trabajadores trata, bajo un mismo artículo (el 47) prevé el procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornadas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y aquellos derivados por causas de fuerza mayor (que se gestionarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 51.7 esto es el relativo a procedimientos de despidos colectivos), mientras que el actual Real Decreto establece dos procedimientos claramente diferenciados que comparten en común un acortamiento de los plazos de tramitación.
Por otra parte, cabe mencionar la duración de las medidas cuyo análisis procederemos a realizar. El Real Decreto es claro en este sentido, dichas medidas, en tanto que excepcionales estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.
Teniendo en cuenta que nos encontramos que esta situación extraordinaria viene recogida fundamentalmente en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,por el que se declara el estado de alarma, todo hace predecir que, en el momento en que el mismo se entienda por acabado deberemos dar por finalizadas las medidas que del mismo se derivan, como es el caso de esta norma que hoy analizamos.

 

a) Medidas relativas a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa mayor y medidas relacionadas con la cotización en relación con dichos procedimientos (artículo 22 y 24 del Real Decreto)

Estas medidas se recogen en el artículo 22 y 24 del Real Decreto y se circunscriben a los procedimientos de suspensión de contratos y reducciones de jornada.

Lo primero a considerar es que se amplían las causas que puede alegar un empresario para la activación de un procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa mayor, pero no debe olvidarse que las causas directas de pérdida de actividad que deberá acreditarse por parte de la empresa para poder acogerse a lo establecido en dicho Real Decreto deben ser, sí o sí, consecuencia del Covid-19.

Dicho lo anterior, el Real Decreto realiza una serie de consecuencias de lo anterior, tales como:

• Suspensión o cancelación de actividades

• Cierre temporal de locales de afluencia pública

• Restricciones en el transporte público y en general de la movilidad de las personas o mercancías

• Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad

• Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla

• Adopción de medidas de aislamiento preventivo decretado por la autoridad sanitaria.

Para añadir que deben quedar perfectamente acreditadas.

Una vez establecidos los supuestos para poder acogerse a dichas medidas, encontramos diferentes especialidades (así lo menciona expresamente el Real Decreto) respecto de lo establecido en la normativa reguladora de dichos expedientes.

Estas especialidades se basan fundamentalmente en un cambio procedimental y espcialmente en lo relativo a los plazos, y son las siguientes:

1. El procedimiento se inicia a petición de la empresa. Dicha petición deberá acompañarse de un informe donde se explique la vinculación existente entre la pérdida de actividad (aquí han olvidado incluir el estado de alarma) y el Covid-19. A dicho informe se le deberá adjuntar la documentación acreditativa de este extremo (no especifica cúal).

2. Esta solicitud se comunica a las personas trabajadoras y todo el expediente a los representantes de los trabajadores si los hubiera (haremos una reflexión posterior en relación a este punto).

3. La existencia de causa mayor en la que se basa el expediente se constatará por la autoridad laboral que dispone de un plazo de 5 días contabilizados desde la solicitud para emitir una resolución en este sentido. Se establece la potestad, y no la obligación, de disponer de un informe de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social que deberá emitirse en un plazo improrrogable de cinco días.

Relacionado con este procedimiento de suspensión del contrato o por reducción de jornada por causa de fuerza mayor se establecen las medidas relacionadas con la cotización en relación con los mismos (artículo 24) que son las que se relacionan:

1. Las empresas quedan exoneradas del abono del 100% de las siguientes cuotas

a. Las relativas a la aportación empresarial

b. Las relativas a conceptos de recaudación conjuntas

Siempre y cuando la empresa a fecha 29 de febrero de 2020 tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social.

2. Las empresas quedan exoneradas del abono del 75% de las siguientes cuotas

a. Las relativas a la aportación empresarial

b. Las relativas a conceptos de recaudación conjuntas

Siempre y cuando la empresa a fecha 29 de febrero de 2020 tuviera 50 trabajadores o más en situación de alta en la Seguridad Social.

Dicha exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y periodo de la suspensión o reducción de la jornada. El control de la exoneración de las cuotas estará directamente ligado con el control de las prestaciones por desempleo por los periodos de los que se trate. Para ello se insta a la Seguridad Social para que extraiga dicha información de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal.

En relación con los trabajadores estas medidas no les afectan ya que sus cotizaciones constarán como tales a todos los efectos.

b) Medidas relacionadas con los procedimientos de suspensión y reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción
El artículo 23 establece además una serie de especialidades para aquellos procedimientos de suspensión y reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, donde se dota, a nuestro entender, de especial relevancia a los sindicatos en un claro intento de control sobre el ejercicio de estos potestados por parte de la empresa: 1. En el caso de que no exista representación legal de las personas trabajadoras la comisión representativa para la negociación durante el periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector (curiosa diferenciación) y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. 2. Dicha comisión estará formada por 1 persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas necesarias. Si no pudiera establecerse dicha representación, la comisión la integrarán 3 trabajadores de la propia empresa elegidos conforme a lo establecido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. 3. La comisión deberá estar constituida en un plazo improrrogable de 5 días. Y el periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores no puede exceder de 7 días. 4. En este supuesto el informe, potestativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no podrá exceder de 7 días. Sobre dichos procedimientos no constan medidas excepcionales de exoneración de cuotas de la Seguridad Social extremo que las empresas deberán tener en cuenta a la hora de hacer uso de estos.

c) Medidas en materia de protección por desempleo (artículo 25)

Este artículo hace expresa mención a que las medidas recogidas en el mismo son aplicables tanto a los procedimientos de suspensión y reducción de jornada laboral por causa mayor (artículo 22) como aquellos otros basado en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

Son medidas que en cualquier caso debe adoptar el Servicio Público de empleo, o en su caso el Instituto Social de la Marina y se focalizan sobre todo en los trabajadores inmersos en dichos procedimientos, con independencia de la situación en la que se encontraran respecto al derecho a la prestación por desempleo (suspendido un derecho anterior, carecer del periodo mínimo de cotización o no hubieran percibido prestación por desempleo precedente) . Las medidas son las que a continuación se detallan:

a) Reconocimiento del derecho de la prestación contributiva por desempleo a las personas trabajadoras afectadas aunque no cumplan con el requisito de ocupación cotizada mínima necesaria para dicho acceso. Esta medida está especialmente pensada para aquellas personas que tenían un primer contrato laboral, o bien un contrato temporal, es decir, aquellos trabajadores/as que no tenían cotizado el mínimo tiempo posible para poder tener acceso al paro.

b) Los meses de prestación por desempleo que se perciban por trabajadores/as que estén afectados por estos procedimientos no computarán a efectos del tiempo total de acceso a la prestación que tuvieran acumulados. De esta forma, una persona que haya acumulado un derecho a prestación por desempleo, por ejemplo, de dos meses, no consumirá dicha prestación por este procedimiento. Es como si su derecho a prestación por desempleo quedara en suspenso reanudándose una vez finalizada esta situación.

En cualquier caso, si los trabajadores se encuentran inmersos en alguno de estos procedimientos se les reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, estableciendo el Real Decreto la forma en que dicha prestación deberá calcularse y durante cuánto tiempo se dará derecho a la misma. En cuanto a la duración, se establecerá mientras dure la suspensión o bien la reducción de la jornada prevista.

Por otra partes, esta medida adicional de establecimiento de un cómputo para la base reguladora de la prestación nace de la excepcionalidad de la medida prevista, estableciéndose, por ejemplo, que si un trabajador no ha computado un mínimo de 180 días, se establecerá la base reguladora de la prestación en función del promedio de los días trabajados.

 

También se hace expresamente una mención a la fórmula de cálculo de esta prestación para los trabajadores con contratos de fijos discontinuos y aquellos otros que realizan trabajos siempre en los mismos periodos con fecha ciertas.

Pensamos, a nuestro entender, que la posibilidad de aplicar estas fórmulas diferentes de cálculo se dirige especialmente al sector servicios donde la temporalidad del empleo es evidente en estos tiempos y donde será más fácil presentar procedimientos de suspensión de contratos o reducción de jornada basados en causa de fuerza mayor.

Por último, respecto a este apartado, una reflexión derivada de la referencia que se realiza a la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo.

Se limita este Real Decreto a mencionar expresamente que las prestaciones por desempleo se solicitarán a instancia del trabajador de acuerdo con las normas de aplicación hasta la fecha.

Esta referencia puede resultar un poco paradójica teniendo en cuenta que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma no prevee la libre circulación de personas para las gestiones administrativas necesarias a efectos de poder presentar los documentos necesarios para la correcta gestión de la prestación.

En este supuesto entendemos que las autoridades competentes podrán autorizar dichos movimientos amparándose en lo incluido en el estado de alarma como “ Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada “.

Este es sin duda un aspecto a considerar. Y su regulación la encontramos en el artículo 26 que prevee la aceptación por el Servicio Nacional de Empleo y el Instituto Social de la Marina de aquellas solicitudes de prestación contributiva de desempleo que se presenten fuera de plazo.

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